El Concejo desaprobó la reducción salarial de políticos, aunque aplicó beneficios para comerciantes

Una larga sesión del Concejo Deliberante se desarrolló anoche en Bragado. Se trataron varios temas, de los cuales algunos suscitaron debates y varios resultaron importantes de mencionar. Luego de una larga espera, finalmente se trataron los proyectos del Frente de Todos sobre la reducción de salarios de políticos para la creación de un Fondo de Emergencia y que las altas autoridades se abstuvieran de cobrar aumentos por lo que queda del 2021, pero ambas iniciativas obtuvieron el rechazo por parte del bloque de Juntos por el Cambio y sus aliados. Se aprobaron beneficios para los no esenciales perjudicados por la pandemia y también el acopio de los troncos que quedan de la poda con la intención de que puedan ser utilizados como leña por las familias más vulnerables (lo impulsó Germán Marini y tendrá aplicación desde el 2022). Además, hubo discusiones por un pedido de informes de Broggi y un proyecto de señalética.

La sesión comenzó con un minuto de silencio por el 47° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. A diferencia de otras oportunidades, varios temas polémicos simplemente se acotaron a la expresión de posición por parte de los bloques, pero no hubo cruces entre los concejales como estamos acostumbrados. Así sucedió con los dos temas salariales de políticos ya que fueron presentados y rápidamente rechazados, pasando fugazmente a otros asuntos sin que ninguno de los bloques prefiriera ahondar demasiado.

En el caso del proyecto de reducción de salarios, fue presentado por la presidenta del Bloque del Frente de Todos, Guillermina Lhospice.  Sostuvo que la iniciativa estaba pensada “para colaborar y acompañar desde todo el arco político a los sectores más perjudicados por los crisis”. Consideró que “es un gesto de empatía de la política hacia la comunidad” ya que dichos recursos conformarían un fondo de emergencia que se destinaría “a salud, producción y trabajo, y también a asistencia social”. “Se va a financiar con los recursos obtenidos de la retención del 28,6% del sueldo básico del Intendente y de los funcionarios de ambos departamentos, de la dieta de los concejales y de los secretarios”, añadió, lo cual contó con el apoyo en la votación por parte de los ediles del Bloque Justicialista – Movimiento Evita.

¿Qué dijo el oficialismo? El encargado de hablar fue el presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Fernando Franzoni, aunque en el mismo sentido votaron las bancadas de Acción para el Desarrollo y la Coalición Cívica, lo que derivó en la desaprobación del proyecto. Indicó que “de ninguna manera puede haber un consejo que tome decisiones sobre las retribuciones de funcionarios municipales del Ejecutivo o del legislativo -como proponía el Frente de Todos-, y no puede tomar decisiones respecto de la orientación del gasto de esos recursos”. Manifestó que “la forma tendría que ser otra, como la de una cooperadora”, y además opinó que “tampoco correspondía ya que a nivel municipal se han enfrentado los gastos y las erogaciones extras que la pandemia ha ocasionado (…), y la Provincia y la Nación también direccionaron recursos para salud y contención social”.

Algo similar sucedió con la iniciativa de modificar la Ordenanza Complementaria del Presupuesto 2021. Lhospice explicó que tenía el propósito de aplicar una “política salarial redistributiva” a partir de “excluir los aumentos del intendente municipal, los funcionarios de ambos departamentos, secretarios y de los concejales”. Sostuvo que “es un aporte desde la política”, lo cual también contó con el apoyo del Bloque Justicialista – Movimiento Evita y el rechazo de todo el resto, aunque esta vez no hubo voces que explicaran los motivos de la disidencia.

La contrapartida a dicha situación se registró con la unanimidad alcanzada en los proyectos para beneficiar a los no esenciales afectados por la pandemia. Lhospice presentó la propuesta de condonar la deuda de tasas por inspección de seguridad e higiene, y también la de servicios urbanos; mientras que Franzoni alentó la iniciativa del Ejecutivo para la exención de esas mismas tasas por un trimestre. Ambos proyectos fueron aprobados.

EXPEDIENTES QUE GENERARON DEBATE

Uno de los temas que generó mayores encontronazos entre algunos concejales fue el pedido de informes que realizó el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) por la diferencia que existe entre los datos sobre contagios y fallecidos por COVID que informa el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en su página oficial y los que difunde el Estado local. Dirigió todas sus críticas al Municipio tras acusarlo de demorar la carga de la información en el SISA, lo cual obtuvo una fuerte respuesta por parte de Viviana Morossini (Juntos por el Cambio), quien aseguró que “la carga de datos tiene un problema a nivel nacional y provincial”.

Según la edil del oficialismo, no podría existir un ocultamiento de cifras porque en Bragado “todos nos conocemos” y una acción de ese tipo sería descubierta de inmediato. Pidió dejar a un lado las chicanas y ser “un poco más respetuosos con la gente”. “No se puede echar un manto de dudas en una cosa tan sensible como es el fallecimiento de una persona”, agregó. Eugenia Gil, por su parte, manifestó que “no ha habido ocultamiento de datos” y consideró que “el pedido de informes tiene que estar más orientado al orden provincial o nacional”, sobre lo cual también adhirió Fernando Neri (Acción para el Desarrollo).

Una cuestión llamativa es que Broggi pareció haber quedado solo dentro del Frente de Todos en su acusación directa y exclusiva al Municipio, ya que Lhospice pidió que el asunto sea solucionado por las implicancias que trae en el cambio de fase, aunque no apuntó contra nadie en particular (“le corresponda a quien le corresponda”, dijo); mientras que Germán Marini propuso adoptar “una posición neutral” mediante un pedido de informes que también estuviera dirigido a la Provincia, sobre lo cual Broggi no emitió opinión.

Otro asunto que motivó polémica fue un proyecto vinculado a la donación de 40 carteles de señalética por parte de la empresa ELPRA, los cuales estarán destinados a organizar el estacionamiento de motocicletas (se aceptó que incluyan una publicidad del donante). Todos los ediles se mostraron conformes, a excepción de Fernando Neri, quien consideró que su aprobación es “una burrada” porque incumple la legislación vigente, iría en contra de las tendencias de urbanismo y podría constituir un riesgo para la comunidad debido a la ubicación asignada y los materiales de los carteles. Morossini, se mostró sorprendida y molesta por las críticas ya que esperaba que tales cuestiones hubiesen sido planteadas con anticipación en las reuniones de comisión y así poder analizarlas. Gladys Belén, por su parte, felicitó la iniciativa de ELPRA, aunque aclaró que “deja en evidencia la falencia que tiene el Estado Municipal respecto a la señalización”.