Robaron sus fotos sexuales y vivió una pesadilla: Se hace mención al caso de Belén San Román

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Camila Segli iba al secundario cuando supo que alguien había robado y compartido sus fotos íntimas. Avergonzada, le costó verse como una víctima e intentó esconder el dolor, pero en 2020 la violencia escaló, y se sumaron las extorsiones y las amenazas. “Sentía que me iba a matar, me tenía esclavizada”, cuenta ella, que ahora impulsa una ley contra la “violencia digital”

Camila tenía 16 años cuando escuchó por primera vez el rumor que corría por el colegio: había unas fotos íntimas de ella dando vueltas por los teléfonos de sus compañeros. Camila, que en ese entonces tenía cierta reputación porque había sido presidenta del Centro de Estudiantes, sintió la angustia en el cuerpo pero no terminó de tomar dimensión de lo que estaba pasando. Fue una amiga la que le puso palabras concretas.

—Están hablando de unas fotos tuyas de contenido sexual— le dijo.

Se trataba de fotos cuya difusión, por supuesto, Camila no había consentido. Por un lado, había imágenes sexuales que se había tomado con su ex novio y otras que él le había sacado sin que ella supiera. Por otro lado, había fotos de ella desnuda, personales.

“En las fotos de contenido sexual, si bien se veía el cuerpo de la otra persona, sólo a mí se me veía la cara. Era yo la que estaba expuesta”, cuenta a Infobae Camila Segli, que es tucumana y ahora tiene 20 años. Había fotos más y menos explícitas, algunas consentidas en el marco de su intimidad de pareja “pero las más explícitas, yo ni siquiera sabía que existían”.

A eso se sumaban fotos de desnudez, “de esas que una, por no tener educación en estos temas, se toma sin pensar en los riesgos”, sigue.

Por el estigma que suele provocar la difusión de imágenes sexuales no consentidas en las mujeres, lo primero que Camila quiso hacer fue “esconder toda la situación”. Después, se puso a desandar el camino del rumor: “Fui hablando con cada persona para que me guiara a la anterior. Una que me decía ‘yo lo escuché de tal’, esa otra persona que me decía ‘a mí me lo dijo tal’. Así hasta que encontré al último eslabón, el culpable”.

Camila se comunicó con ese ex novio, pero no porque creyera que él las había difundido. “La hipótesis, según decían todos, era que un amigo de él le había sacado el teléfono, se había hecho pasar por él y había mandado las fotos”.

Su ex se enojó tanto cuando se enteró que “en vez de ayudarme, sólo causó más problemas, porque yo no quería estar expuesta y lo que él hizo fue buscar a uno por uno y querer darle su merecido. A todos, a quien le había robado las fotos y a quienes las habían compartido”.

Había, entonces, un responsable directo y otros que se habían convertido, con o sin dimensión del daño que estaban causando, en cómplices. “Eran adolescentes de 16 años, cuando él los fue a buscar se empezó a revolotear todo el colegio y los padres decidieron tomar cartas en el asunto”.

Lo que hicieron en 2017 los padres de ese grupo de alumnos deja en evidencia la poca confianza que se le tiene a la Justicia en todos los temas vinculados a la llamada “violencia digital”, aún cuando la víctima es una menor de edad. Y la poca dimensión del daño que puede causar.

Mientras Camila sufría en silencio, los padres decidieron secuestrarle el teléfono al alumno que había robado y difundido las fotos y borrarlas, aunque en ese momento ya habían pasado de teléfono en teléfono y nadie podía saber qué tan lejos habían llegado.

Camila, que había sido una buena estudiante, ya no quería salir de la cama para ir a la facultad. “Cuando salía sentía todo el tiempo que alguien me perseguía. De hecho una vez salí y me mandó un mensaje en donde me decía que me estaba viendo. Entonces sentía que me iba a matar, que iba a terminar en las noticias. Se lo dije a mi familia y a mi pareja: ‘Si me pasa algo, si no contesto el teléfono, ya saben por dónde viene’. Me sentía muy desprotegida: alguien, a quien no conocía, me tenía esclavizada”.

A pesar del evidente daño que la violencia digital puede causar, en Argentina la difusión sin consentimiento de imágenes con contenidos sexuales o eróticos aún no es un delito.

Lo del “daño que puede causar”, no es una forma de decir. En 2020, mientras Camila estaba sintiendo todo esto, Belén San Román, una joven de 26 años de Bragado, se suicidó después de que su ex novio viralizara un video y fotos íntimas de ella. Belén era policía y mamá de dos niños.

Fuente: INFOBAE

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